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DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

LUNES 4 DE JUNIO DE 2012

SEGUNDA SECCIÓN

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Continúa en la Tercera Sección)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 7, penúltimo párrafo, 8, penúltimo párrafo, 11, fracción VII, 18, segundo y tercer párrafos, 19, fracción I, inciso h) y tercer párrafo, 29, primer párrafo, 31, 32, 33, primer párrafo, 34, primer párrafo, 35, fracción IV, 37, primer y segundo párrafos, 40, primer párrafo, 51, fracción XI, 52, fracción V, 56, fracción II, segundo y último párrafos, 57, fracción III, 58, fracción VI, segundo párrafo, 59, segundo párrafo, 61, último párrafo, 63, 68, primer párrafo, 69, último párrafo, 70, tercer párrafo, 76, primer párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; así como 4, fracciones II, III, IV, V, VI, XI y XXXVI, 6, 16, fracciones I, VII y XVI, y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con el acuerdo de su Junta de Gobierno, respecto del contenido del Artículo 31, fracciones I y VI de la citada Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 12, fracción XV, de la mencionada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO

Que con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009” (Decreto de expedición de LRASCAP), el 13 de agosto de 2009 el legislador distinguió la naturaleza y forma de organización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la de las sociedades financieras populares, y
Que resulta necesario establecer un cuerpo normativo único que regule de manera exclusiva al sector de sociedades cooperativas de ahorro, en función de su naturaleza jurídica, atendiendo a las características que a dicho sector le son propias y eliminando aquella regulación que no es afín a sus actividades por tratarse de entidades que “no persiguen propósitos de especulación comercial o de lucro;

Que deben mantenerse los lineamientos prudenciales actualmente definidos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a efecto de fomentar la estabilidad y correcto funcionamiento del propio sector, en protección a sus socios ahorradores,
Que durante el proceso de elaboración de la regulación esta Comisión escuchó la opinión de las sociedades que integran el sector de sociedades cooperativas de ahorro, atendiendo su preocupación por adaptar algunos aspectos de la regulación vigente a las necesidades de dicho sector, a fin de estar en posibilidades de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y así lograr su adecuada regularización e integración, para con ello fomentar su sano y equilibrado desarrollo, esta Comisión ha resuelto expedir las siguientes:

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Indice

TITULO PRIMERO
DEFINICIONES
TITULO SEGUNDO

DE LA AUTORIZACION Y OPERACIÓN DE LAS SOCIEDADES
Capítulo I
De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo
Capítulo II
De la asignación del nivel de operaciones
Capítulo III
De las operaciones que podrán realizar las Sociedades
Sección Primera
De las características de las operaciones pasivas
Sección Segunda
De las características de las operaciones activas
Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios
Sección Cuarta
Disposición Final
TITULO TERCERO

DE LOS PRESTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACION PRUDENCIAL
Capítulo I
De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades
Capítulo II
De la regulación prudencial
Sección Primera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS
Apartado A
Capital mínimo
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos
Apartado C
Control interno
Apartado D
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados
Apartado E
Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez
Apartado F
Diversificación de riesgos en las operaciones
Sección Segunda
De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 10’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 50’000,000 de UDIS
Apartado A
Capital mínimo
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos
Apartado C
Administración de riesgos
Apartado D
Control interno
Apartado E
Proceso crediticio
Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito
Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito
Sub Apartado C
Otras disposiciones
Apartado F
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados
Apartado G
Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez
Apartado H
Diversificación de riesgos en las operaciones
Sección Tercera
De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 250’000,000 de UDIS
Apartado A
Capital mínimo
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos
Apartado C
Administración de riesgos
Apartado D
Control interno
Apartado E
Proceso crediticio
Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito
Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito
Sub Apartado C
Otras disposiciones
Apartado F
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados
Apartado G
Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez
Apartado H
Diversificación de riesgos en las operaciones
Sección Cuarta

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro Préstamo con un monto de activos totales superiores a 250’000,000 de UDIS
Apartado A
Capital mínimo
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos
Apartado C
Administración de riesgos
Apartado D
Control interno
Apartado E
Proceso crediticio
Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito
Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito
Sub Apartado C
Otras disposiciones
Apartado F
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados
Apartado G
Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez
Apartado H
Diversificación de riesgos en las operaciones
Capítulo III
De las provisiones preventivas adicionales
TITULO CUARTO

DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SU REVELACION Y DE LA VALUACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Capítulo I
De los criterios de contabilidad
Capítulo II
De la valuación de Valores
Capítulo III
De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que se anotarán al calce
Capítulo IV
Auditores externos independientes e informes de auditoria
Sección Primera
Disposiciones generales
Sección Segunda
Características y requisitos que deberán cumplir los despachos de auditoría externa y los auditores externos independientes
Sección Tercera
Del trabajo de los despachos de auditoría externa y de los auditores externos independientes
Sección Cuarta
De las opiniones e informes de auditoría externa independiente
Capítulo V

Microfilmación y digitalización de documentos relacionados con las operaciones activas, pasivas y de servicios
Sección Primera
De la Microfilmación y Grabación en general
Sección Segunda
De la conservación de documentos
Sección Tercera
Políticas y lineamientos de privacidad
TITULO QUINTO
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
Capítulo I
Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades
Capítulo II
De las Medidas Correctivas
Capítulo III
De las Medidas Correctivas Mínimas
Capítulo IV
De las Medidas Correctivas Especiales Adicionales
TITULO SEXTO
DEL COMITE DE SUPERVISIÓN AUXILIAR
Capítulo I
De las políticas, lineamientos y planes de trabajo relativos a la supervisión auxiliar
Capítulo II
De los requisitos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar
TITULO SÉPTIMO
DEL COMITE DE PROTECCIÓN AL AHORRO COOPERATIVO
Capítulo I
Del cálculo de las aportaciones y régimen de inversión
Capítulo II
Del pago de obligaciones garantizadas
Capítulo III
De los requisitos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo
TITULO OCTAVO
DEL ENVIO DE INFORMACIÓN
Capítulo I
Del Registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Capítulo II
De los Reportes Regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección a la Comisión
Capítulo III
De los Reportes Regulatorios que deberán presentar las Sociedades a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar

Listado de Anexos

ANEXO A PROYECCIONES FINANCIERAS A 3 AÑOS SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO B FORMATO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO C PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACION Y CONSTITUCION DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS
ANEXO D PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZACION POR RIESGOS DE MERCADO
ANEXO E CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
ANEXO F FORMATO DE CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA
ANEXO G INSTRUCTIVO PARA MICROFILMACION Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS
ANEXO H INSTRUCTIVO PARA GRABACION Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS
ANEXO I INFORME DE LA DESIGNACION DE MIEMBROS DEL COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR
ANEXO J EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSION
ANEXO K INFORME DE LA DESIGNACION DE MIEMBROS DEL COMITE DE PROTECCION AL AHORRO COOPERATIVO
ANEXO L DEL REGISTRO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
ANEXO M REPORTES REGULATORIOS QUE DEBERA PRESENTAR EL FONDO DE PROTECCION A LA COMISION PARA PROPORCIONAR SU INFORMACION
ANEXO N RESPONSABLES DE LA INFORMACION DEL FONDO DE PROTECCION Y RESPONSABLES DE SU ENVIO
ANEXO Ñ REPORTES REGULATORIOS QUE DEBERAN PRESENTAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO A LA COMISION Y COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR
ANEXO O RESPONSABLES DE LA INFORMACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y RESPONSABLES DE SU ENVIO

TITULO PRIMERO

DEFINICIONES

Artículo 1.- Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:

I. Auditor Interno, a la persona o área que desempeña dicha función en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a que se refiere el inciso d) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

II. CCP, al Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional que da a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, o el indicador que lo sustituya.

III. CETES, a la tasa anual de rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación en moneda nacional emitidos a plazo de 28 días o al plazo que sustituya a este, en caso de días inhábiles, en colocación primaria. La tasa anual de rendimiento equivalente a la de descuento será la que semanalmente da a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país.

IV. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V. Comité de Auditoria, al comité constituido por el Consejo de Administración, que tendrá las funciones descritas en los Apartados C de la Sección Primera, D de la Sección Segunda, D de la Sección Tercera y D de la Sección Cuarta del Capítulo II del Título Tercero de las presentes disposiciones y que apoyará al mencionado órgano de gobierno en la definición y actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación, así como en su evaluación.

VI. Comité de Crédito, al Comité de Crédito o su equivalente a que se refiere el inciso a) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

VII. Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, al órgano del Fondo de Protección encargado de administrar la cuenta de seguro de depósitos de dicho fondo, que se constituya de conformidad con lo señalado en el Título Cuarto de la Ley.

VIII. Comité de Riesgos, al Comité de Riesgos a que se refiere el inciso b) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

IX. Comité de Supervisión Auxiliar, al órgano del Fondo de Protección encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en términos de la Ley.

X. Comité Técnico, al órgano rector del Fondo de Protección a que se refiere la Ley.

XI. Consejeros, a los miembros del Consejo de Administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

XII. Consejo de Administración, al consejo de administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la fracción II del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

XIII. Consejo de Vigilancia, al consejo de vigilancia de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la fracción III del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

XIV. Cotitular, a la persona o personas físicas titulares de una misma Cuenta Colectiva.

XV. Criterios de Contabilidad, a los criterios de contabilidad para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto de las presentes disposiciones, y que se contienen en el Anexo E de estas disposiciones.

XVI. Cuentas Colectivas, a las cuentas con más de un titular, pudiendo ser Solidarias o Mancomunadas.

XVII. Cuentas Individuales, a las cuentas con un solo titular.

XVIII. Cuentas Mancomunadas, a la Cuenta Colectiva en la que sea indispensable la firma de todos los co-titulares para efectuar retiros, cancelaciones o, en su caso, modificaciones a la propia Cuenta.

XIX. Cuentas Solidarias, a la Cuenta Colectiva en la que cualquiera de los cotitulares puede disponer indistintamente del saldo de la propia Cuenta.

XX. Director o Gerente General, al director o gerente general de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a que se refiere el inciso c) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como al Gerente General del Fondo de Protección, a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 43 de la Ley, según corresponda.

XXI. Fondo de Protección, al fideicomiso constituido de conformidad con lo señalado en el Título Cuarto de la Ley.

XXII. Grabación, a aquel acto mediante el cual un libro, registro o documento original, es transformado en una imagen en formato digital en medio óptico o magnético, utilizando equipos y programas de cómputo diseñados para tal efecto.

XXIII. Grado de Inversión, al obtenido por las Sociedades de Inversión que ostenten las calificaciones a que se refiere el Artículo 269 de las presentes disposiciones.

XXIV. Instrumentos de Deuda, a los activos objeto de inversión, cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, emitidos por emisores nacionales.

XXV. Interesado, al titular de la o las operaciones objeto de protección, o su representante, o en caso de fallecimiento del titular que haya celebrado la operación, su(s) beneficiario(s).

XXVI. Institución Calificadora de Valores, a aquella que dé a conocer la Comisión en la red electrónica mundial denominada Internet en el sitio http://www.cnbv.gob.mx.

XXVII. Ley, a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, y sus diversas modificaciones.

XXVIII. Ley de Cooperativas, a la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, y sus diversas modificaciones.

XXIX. Medidas Correctivas, a las Medidas Correctivas Especiales Adicionales y a las Medidas Correctivas Mínimas, conjuntamente.

XXX. Medidas Correctivas Especiales Adicionales, a las Medidas Correctivas que las Sociedades deberán cumplir en términos de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley.

XXXI. Medidas Correctivas Mínimas, a las medidas que deberán cumplir las Sociedades de conformidad con lo previsto por los Artículos 76 y 77 de la Ley, así como por las presentes Disposiciones.

XXXII. Microcrédito Productivo, en singular o plural, a los créditos otorgados por las Sociedades a sus Socios o a grupos de Socios, destinados a financiar la actividad productiva de los acreditados y cuya fuente de pago la constituyan los flujos originados por la propia actividad productiva.

En todo caso, los grupos de Socios señalados deberán ser obligados mancomunados o solidarios.

XXXIII. Microfilmación, al acto mediante el cual un libro, registro o documento original, es filmado en una película.

XXXIV. Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, al Presidente y los gerentes de las oficinas regionales que integran el Comité de Supervisión Auxiliar, en términos del Artículo 51 de la Ley.

XXXV. Miembros del Consejo de Vigilancia, a las personas que integran el Consejo de Vigilancia.

XXXVI. Nivel de Capitalización, a la relación que guarda el capital neto de las Sociedades respecto de sus requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, expresada en porcentaje.

XXXVII. Registro, a la información de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que llevará el Fondo de Protección a través del Comité de Supervisión Auxiliar, a que se refieren los Artículos 7 y 9 de la Ley.

XXXVIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXXIX. SITI, al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, el cual forma parte de la Oficialía de Partes de la Comisión y es el medio oficial para el envío y recepción de información a que se refieren estas disposiciones.

XL. Sociedad o Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción X del Artículo 2 de la Ley con niveles de operación I a IV.

XLI. Sociedad de Información Crediticia, en singular o plural, a las sociedades a que se refiere la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

XLII. Socio, en singular o plural, a las personas que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

XLIII. Supervisión Extra-situ, a la fase permanente del proceso de supervisión auxiliar, la cual estará compuesta por actividades de análisis y seguimiento. Dicha Supervisión Extra-Situ será realizada por los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, así como por el personal de su estructura operativa, en las instalaciones del Fondo de Protección y de las oficinas regionales.

XLIV. Supervisión In-situ, a la fase de inspección del proceso de supervisión auxiliar llevada a cabo mediante visitas de inspección en las oficinas, sucursales y demás establecimientos de la misma, que será realizada con la presencia física de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, así como por el personal de su estructura operativa directamente en las instalaciones de la Sociedad.

XLV. Supervisor Auxiliar, en singular o plural, a aquellos Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar y de sus oficinas regionales que, en términos de lo dispuesto por el Capítulo II del Título Sexto de las presentes disposiciones, sean designados para llevar a cabo las labores de supervisión auxiliar de las Sociedades.

XLVI. TIIE, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que da a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación.

XLVII. UDI, en singular o plural, a la unidad de cuenta llamada “Unidad de Inversión” establecida en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, tal como el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo.

XLVIII. Valores Gubernamentales, a los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional (CETES); Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en moneda nacional (BONDES) o en unidades de inversión (UDIBONOS); títulos emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, respecto de los cuales el Banco de México actúe como agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional (BONOS DE PROTECCION AL AHORRO (BPAs)).

Esta definición comprende, de igual forma a los valores emitidos por el Banco de México (Bonos de Regulación Monetaria (BREMS)), en términos de las disposiciones que para tal efecto emita el Banco de México, así como a cualesquier otro que dicho Instituto Central determine como tales.

TITULO SEGUNDO

DE LA AUTORIZACION Y OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES

Capítulo I

De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo

Artículo 2.- Las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo de sociedades que tengan registrados un monto total de activos igual o superior al equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS, o bien, de aquellas que teniendo activos inferiores a dicha cantidad pretendan operar con un nivel de operación distinto al básico, deberán presentarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar, por escrito y en duplicado, acompañadas además de la documentación e información que menciona el Artículo 11 de la Ley, de lo siguiente:

I. La documentación que acredite la personalidad y facultades de quien promueve la solicitud, otorgadas por la sociedad, señalando un domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como el nombre de la o las personas autorizadas para tales efectos.

II. La denominación de la sociedad solicitante o, en su caso, la propuesta de denominación.

III. Curriculum vitae de las personas propuestas como Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito o de su equivalente.

IV. Relación de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito o de su equivalente, así como de los funcionarios, hasta los dos primeros niveles de la estructura organizacional, o bien, de las personas que ocuparían dichos cargos.

V. Reporte emitido por una Sociedad de Información Crediticia, que contenga antecedentes de por lo menos 5 años anteriores a la fecha en que se pretenda inicie el ejercicio del cargo, o del periodo que comprenda la información con la que, en su caso, cuente la Sociedad de Información Crediticia de que se trate, de las personas señaladas en la fracción III anterior, cuya fecha de emisión no exceda de 180 días naturales con relación a la fecha de presentación de los mismos ante el Comité de Supervisión Auxiliar.

VI. En el caso de una sociedad de nueva creación, proyección a 3 años sobre el balance y estado de resultados, la cual deberá presentarse en el formato que como Anexo A se adjunta a las presentes disposiciones.

Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá como sociedad de nueva creación, aquella que presente la solicitud de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar dentro del año siguiente a su constitución.

VII. Las sociedades que a la fecha de presentación de la solicitud de autorización se encuentren operando, deberán acompañar a su solicitud su balance general, así como su estado de resultados, este último por el periodo comprendido entre el 1 de enero del año que corresponda y la fecha de elaboración del balance general. Los citados documentos deberán presentarse de conformidad con el formato que como Anexo B se adjunta a las presentes disposiciones. La antigüedad de los mencionados documentos no podrá exceder de un año respecto de la fecha de presentación de la solicitud de autorización respectiva y deberán estar debidamente dictaminados por un auditor externo a su costa.

Los estados financieros a que se refiere el párrafo anterior deberán estar preparados, de conformidad con los Criterios de Contabilidad. Asimismo, para la elaboración de los estados financieros referidos, las sociedades deberán contar con un avalúo bancario sobre sus bienes inmuebles, el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año de la fecha de la presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. El importe así determinado será considerado como el costo de adquisición de dichos activos para efectos de los estados financieros a que se refiere este párrafo. El valor comercial que proporcione dicho avalúo, será considerado como el costo de adquisición de dichos activos para efectos de los estados financieros a que se refiere este párrafo. A fin de separar el valor del terreno de las construcciones, se considerará la proporción que guarde cada uno de estos factores sobre el avalúo físico.

Los estados financieros con que la sociedad deberá contar al momento de iniciar operaciones deberán reflejar, conforme a los Criterios de Contabilidad, los efectos financieros y operaciones realizadas entre la fecha de la presentación de la solicitud de autorización respectiva y la fecha de inicio de operaciones.

Las citadas sociedades deberán reconocer dentro de un rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, el efecto neto en el capital contable de las sociedades por la aplicación de los Criterios de Contabilidad.

Asimismo, para aquellas sociedades que a la fecha de solicitud de autorización hubieren reconocido en sus estados financieros efectos por inflación, deberán reconocer el efecto neto, tanto de la actualización del capital social como de los montos históricos y de la actualización de los rubros pertenecientes al capital contable distintos del capital social, dentro del rubro antes mencionado, mismo que podrá ser capitalizado o destinado a la constitución de otras reservas en el capital contable, según lo resuelva la asamblea una vez autorizada la sociedad.

En el caso de aquellas sociedades que a la fecha de solicitud de autorización no hubieren reconocido en sus estados financieros efectos por inflación, deberán reconocer el efecto neto de los rubros pertenecientes al capital contable distintos del capital social, dentro del referido rubro “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, cuyo importe podrá ser capitalizado o destinado a la constitución de otras reservas en el capital contable, según lo resuelva la asamblea una vez autorizada la sociedad.

Al respecto, las sociedades deberán presentar información relativa a los ajustes que resulten de la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad. Para estos efectos, deberán revelar en una nota aclaratoria, la cual formará parte integrante de sus estados financieros, un cuadro comparativo en el que se incluyan: (i) los rubros del balance general que se verán afectados por la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad señalados, con las cifras que la sociedad mostraría previamente a la aplicación de dichos criterios; (ii) los ajustes realizados a cada uno de los citados rubros, así como su efecto total en el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, y (iii) las cifras de dichos rubros una vez incluidos los ajustes derivados del reconocimiento de los criterios antes mencionados.

Asimismo, deberán incluir en la citada nota, una explicación detallada sobre las diferencias entre el tratamiento contable que venía aplicando la sociedad y el criterio de contabilidad correspondiente, respecto de cada uno los rubros por los cuales se realizó la afectación contable, como resultado de la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad señalados.

El dictamen que al efecto se elabore, deberá realizarse, por lo menos, de conformidad con la metodología contenida en las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”, para lo cual el auditor externo deberá considerar lo señalado en los tres párrafos precedentes. Adicionalmente, las sociedades deberán informar los hechos posteriores que se hubieren conocido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de presentación de la solicitud de autorización respectiva.

VIII. Contrato celebrado con alguna Sociedad de Información Crediticia, así como las políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración que permitan implementar las medidas de control a que se refiere el Artículo 192 de las presentes disposiciones.

IX. Manuales de crédito, de captación, control interno, administración integral de riesgos, tecnologías de la información y las políticas de identificación y conocimiento del Socio, según el nivel de regulación que le sea aplicable.

El Comité de Supervisión Auxiliar, en el dictamen favorable que elabore respecto de la solicitud de autorización, deberá dar una opinión sobre el grado de cumplimiento de la sociedad a los manuales citados, en el caso de que previo a la presentación de la solicitud ya contare con ellos, con excepción de los relativos a las políticas de identificación y conocimiento del Socio.

Los documentos a que se refieren la fracción II del Artículo 11 de la Ley y las fracciones VI, VII y IX del presente artículo, podrán presentarse en medio electrónico.

Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción V del Artículo 2 y del segundo párrafo del Artículo 5 de las presentes disposiciones, las Sociedades deberán establecer políticas que les permitan evaluar el historial crediticio de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito, basados en la información que obtengan de las Sociedades de Información Crediticia. Al efecto, dichas políticas tomarán en cuenta, cuando menos:

I. Criterios para valorar el contenido de los informes proporcionados por las Sociedades de Información Crediticia respectivas, que permitan calificar el perfil crediticio del candidato, en el evento de que cuente con adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o exista evidencia de conductas abusivas en la reestructuración de créditos.

II. La información adicional que se requeriría a las personas que se ubiquen en los casos previstos en la fracción anterior.

III. Los supuestos en los que se otorgaría o negaría el empleo, cargo o comisión a las personas que se ubiquen en las situaciones previstas en la fracción I anterior.

Artículo 4.- Las Sociedades deberán establecer mecanismos de control permanente que les permitan verificar en forma continua el cumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia de impedimentos legales para que sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General puedan continuar en el desempeño de las funciones para las cuales hayan sido nombrados.

Artículo 5.- Las Sociedades deberán informar a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, así como a la Vicepresidencia Jurídica de la propia Comisión, los nombramientos de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, Comité de Auditoría, Director o Gerente General, según sea el caso, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos establecidos en sus bases constitutivas.

Las Sociedades darán a conocer anualmente a la Comisión, durante el mes de mayo, los resultados de las gestiones que lleven a cabo en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 3 de las presentes disposiciones.
En caso de renuncia, remoción o destitución de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General, las Sociedades deberán notificar a la Comisión dichos eventos, así como el motivo de los mismos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a que estos ocurran.

Capítulo II De la asignación del nivel de operaciones

Artículo 6.- El Comité de Supervisión Auxiliar, en su dictamen respecto de la procedencia de la solicitud de autorización de alguna sociedad de nueva creación para operar como Sociedad, solo podrá proponer a la Comisión asignarle el nivel de operaciones I.

Artículo 7.- Tratándose del dictamen respecto de la procedencia de la solicitud de autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo presentadas por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio del Artículo Primero del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, así como por aquellas con nivel básico que con posterioridad a su constitución o registro rebasen el límite de activos a que se refiere el Artículo 13 de la Ley, o bien, aquellas con activos inferiores al citado límite que soliciten autorización para operar con un nivel de operaciones distinto al básico, el Comité de Supervisión Auxiliar propondrá a la Comisión el nivel de operaciones de la sociedad, considerando el monto de los activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, de acuerdo con la tabla siguiente y con lo dispuesto por el Artículo 8 de las presentes disposiciones:

Nivel de Operaciones Monto de Activos Totales
(Netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones)
Nivel I Iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS
Nivel II Superiores a 10’000,000 y hasta 50’000,000 de UDIS
Nivel III Superiores a 50’000,000 y hasta 250’000,000 de UDIS
Nivel IV Superiores a 250’000,000 de UDIS

Artículo 8.- El Comité de Supervisión Auxiliar, en adición a lo señalado en los Artículos 6 y 7 de estas disposiciones tomará en cuenta, para efectos de proponer a la Comisión el nivel de operaciones que, en su caso, pueda asignarse a la sociedad que se pretende autorizar, el análisis que realice sobre el programa general de operación, que presente la sociedad que se pretende autorizar en términos del Artículo 11, fracción II, de la Ley, así como los aspectos señalados en las fracciones siguientes:

I. Sistemas para la generación de información.
II. Grado de cumplimiento a los manuales a que se refiere la fracción IX del Artículo 2 de las presentes disposiciones, en caso de que previo a la presentación de la solicitud de autorización ya contare con ellos, con excepción de los relativos a las políticas de identificación y conocimiento del Socio.
III. Equipos y sistemas de cómputo.
IV. Estructura del sistema de control interno.

Si una vez evaluados los aspectos anteriores, a juicio del Comité de Supervisión Auxiliar o de la Comisión, la Sociedad no cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo las operaciones correspondientes al nivel de operaciones propuesto, la Comisión podrá modificar dicho nivel de operaciones y asignar un nivel inferior.

Artículo 9.- Las Sociedades solo podrán cambiar de nivel de operaciones, siempre y cuando acrediten a la Comisión que cumplen con los requisitos necesarios prudenciales asociados al tamaño de activos correspondientes al nivel de operaciones solicitado. La Comisión podrá denegar la solicitud de que se trate cuando la Sociedad solicitante tenga menos de 6 meses operando desde la fecha de la asignación del nivel de operaciones anterior.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión, en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia directas o a través de la supervisión auxiliar realizada por el Comité de Supervisión Auxiliar, pueda asignarle a una Sociedad un nivel de operaciones inferior distinto al originalmente asignado, por no cumplir con los criterios y requisitos necesarios, o bien, ordene la suspensión temporal de todas o algunas de sus operaciones, cuando las citadas Sociedades infrinjan de manera grave o reiterada lo dispuesto por la Ley y las presentes disposiciones.

Capítulo III

De las operaciones que podrán realizar las Sociedades

Artículo 10.- Las Sociedades, atendiendo al nivel de operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes:

I. Sociedades con nivel de operaciones I:
a) Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso.
b) Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos y organismos internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros.
c) Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables.
d) Recibir los apoyos del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, en términos del Artículo 55 de la Ley.
e) Otorgar su garantía en términos del Artículo 55 de la Ley.
f) Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos a un plazo máximo de 36 meses.
g) Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral a sus trabajadores.
h) Otorgar a otras Sociedades, previa aprobación del Comité Técnico, con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones establecidos en el Capítulo I del Título Tercero de las presentes disposiciones.
i) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de crédito o préstamo que realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban dichos créditos o préstamos, únicamente con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, o con instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley.
j) Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito.
k) Invertir en Valores Gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda en moneda nacional.
l) Recibir y emitir órdenes de pago y transferencias.
m) Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.
n) Realizar la compra y venta de divisas en ventanilla por cuenta propia.
ñ) Distribuir entre sus Socios, seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, por cuenta de alguna institución de seguros o sociedad mutualista de seguros, debidamente autorizadas de conformidad con
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y sujetándose a lo establecido en el Artículo 41 de la referida ley.
o) Distribuir fianzas entre sus Socios, en términos de las disposiciones aplicables a dichas operaciones.
p) Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas, todos ellos gubernamentales a favor de sus Socios.
q) Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos.
r) Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su objeto.
s) Realizar inversiones permanentes en otras sociedades, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario, incluyendo inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, en términos de lo previsto por el Artículo 78 Bis 1 de la Ley de Cooperativas.
t) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda.
u) Recibir donativos.
v) Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionados con su objeto.
w) Las demás operaciones necesarias para la realización de su objeto social.
II. Las Sociedades con nivel de operaciones II, además de las operaciones señaladas en la fracción I anterior, podrán efectuar las siguientes:
a) Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos por plazos de más de 36 y hasta 60 meses.
b) Realizar operaciones de factoraje financiero con sus Socios o por cuenta de estos.
c) Prestar servicios de caja de seguridad.
d) Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina para beneficio de sus Socios.
e) Realizar la compra venta de divisas en ventanilla, por cuenta propia o de terceros.
III. Las Sociedades con nivel de operaciones III, además de las operaciones señaladas en las fracciones I y II anteriores, podrán efectuar las siguientes:
a) Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos a plazos superiores a 60 meses.
b) Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus Socios.
c) Prestar servicios de caja y tesorería.
IV. Las Sociedades autorizadas con nivel de operaciones IV, además de las operaciones señaladas en las fracciones I, II y III anteriores, podrán efectuar las siguientes:
a) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de crédito o préstamo que realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban dichos créditos o préstamos, con cualquier persona física o moral, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley.
b) Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito.
c) Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a sus Socios.
d) Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren.

Artículo 11.- La Comisión podrá autorizar a las Sociedades la realización de operaciones adicionales a las del nivel de operaciones que tengan asignado, siempre y cuando acrediten ante la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, que cuentan con la capacidad técnica y operativa necesarias para la realización de dichas operaciones y la correcta administración de los riesgos asociados a estas.

Sección Primera

De las características de las operaciones pasivas

Artículo 12.- Las Sociedades, en la contratación de las operaciones pasivas señaladas por el Artículo 10 de las presentes disposiciones, deberán sujetarse a las disposiciones que resulten aplicables, así como a los términos y condiciones siguientes:

I. Depósitos a la vista.
a) Características generales

Las cuentas en que se lleven a cabo estos depósitos se clasificarán en cuatro niveles de operación, dependiendo de los requisitos para la apertura de la cuenta de que se trate, de conformidad con lo previsto en las “Disposiciones de carácter general a que se refieren los Artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dichas cuentas deberán ajustarse a lo siguiente:

1. En las cuentas clasificadas como nivel 1 y tarjetas recargables, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 750 UDIS. En ningún momento el saldo de las propias cuentas podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 1,000 UDIS.

2. En las cuentas clasificadas como nivel 2, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 3,000 UDIS.

3. En las cuentas clasificadas como nivel 3, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 10,000 UDIS.

4. En las cuentas clasificadas como nivel 4, el abono de recursos no tendrá límite, salvo que, en su caso, las Sociedades pacten alguno con sus Socios.

En las cuentas del nivel 2 las Sociedades podrán recibir depósitos mensuales adicionales al límite establecido, hasta por el equivalente en moneda nacional a 6,000 UDIS, siempre que el origen de los recursos provenga exclusivamente de subsidios relativos a programas gubernamentales de apoyo a determinados sectores de la población.

Para realizar el cálculo en UDIS de los límites señalados en este numeral, las Sociedades deberán tomar el valor de dicha unidad de cuenta del último día del mes calendario anterior al mes de que se trate.
Para determinar el monto máximo de los abonos en las cuentas de los niveles 1, 2 y 3 en el transcurso de un mes calendario, las Sociedades podrán no incluir los importes relativos a intereses, devoluciones por transferencias electrónicas de fondos y cualquier otra bonificación que dichas Sociedades realicen por el uso o manejo de la cuenta que, en su caso, se efectúen en el periodo de que se trate.

b) Cuentahabientes
Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.
c) Rendimientos

Las tasas de interés que, en su caso, las Sociedades utilicen para calcular los intereses que correspondan a los recursos que se mantengan en las cuentas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del período en el cual hayan estado vigentes.

Las Sociedades podrán determinar la periodicidad de pago de los intereses respectivos y reservarse el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.
d) Abonos

Las Sociedades deberán permitir en todos los tipos de cuentas que se realicen abonos en efectivo y a través de transferencias electrónicas de fondos.
e) Medios de disposición y de pago

Las Sociedades deberán permitir a sus Socios el acceso a los recursos de las cuentas, de conformidad con lo siguiente:

1. Respecto de las cuentas del nivel 1, en las ventanillas de las sucursales de la Sociedad, previa identificación del Socio de conformidad con lo que al efecto hubiere establecido la propia Sociedad, así como con tarjetas de débito y tarjetas recargables.

Las Sociedades no deberán permitir que los recursos de estas cuentas y de las tarjetas de débito correspondientes se dispongan mediante teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico.

2. En relación con las cuentas de los niveles 2, 3 y 4, en las ventanillas de las sucursales de la Sociedad, previa identificación del Socio de conformidad con lo que al efecto hubiere establecido la propia Sociedad y a través de los medios que las Sociedades determinen, tales como transferencias electrónicas de fondos, incluyendo el servicio conocido como domiciliación, y tarjetas de débito.
f) Características de los medios de disposición y de pago
1. Tarjetas de débito

Este medio de disposición y de pago podrá presentarse en las formas que determinen las Sociedades, tales como tarjetas y calcomanías, siempre y cuando en ellas se muestre claramente la denominación de las Sociedades emisoras o cualquier otra expresión, simbología, emblema o logotipo que las identifique.
Adicionalmente, las tarjetas de débito asociadas a cuentas de los niveles 2 a 4 podrán presentarse en microcircuitos contenidos en teléfonos móviles, siempre que, al utilizarse la aplicación respectiva, se muestre claramente la denominación de las Sociedades emisoras o cualquier otra expresión, simbología, emblema o logotipo que las identifique.

Las tarjetas de débito podrán utilizarse para:
i) Disponer de efectivo en las sucursales de la Sociedad emisora, en cajeros automáticos, a través de comisionistas bancarios, así como en negocios afiliados.

ii) Pagar bienes, servicios, créditos, impuestos, así como para realizar otros pagos que las Sociedades permitan a sus Socios.

En los contratos que suscriban con negocios afiliados, las Sociedades tendrán la obligación de permitir a los establecimientos optar por aceptar como medio de pago de los bienes y servicios que ofrecen solo tarjetas de débito; solo tarjetas de crédito, o bien, a tarjetas de débito y tarjetas de crédito indistintamente.
Las Sociedades deberán incorporar en el anverso de las tarjetas su fecha de vencimiento de manera visible. Tratándose de otras formas de tarjetas de débito que tengan vigencia definida, las Sociedades deberán darla a conocer a sus Socios en algún medio que deje constancia de ello.

2. Tarjetas recargables

Además de lo señalado en la fracción anterior, respecto de estas tarjetas las Sociedades deberán observar lo siguiente:
i) Oferta
Las Sociedades podrán ofrecerlas:
i.i) En sus sucursales.
i.ii) A través de medios electrónicos que pongan a disposición de sus Socios.
i.iii) Por medio de cualquier otra persona que las propias Sociedades autoricen.
ii) Información al público

Los términos y condiciones aplicables a estas tarjetas recargables deberán ponerse a disposición del público en la página de Internet de la Sociedad emisora, así como entregarse por escrito a las personas que las adquieran y contener, al menos, lo siguiente:
ii.i Las formas en las que podrán usarse y abonarse.
ii.ii Los conceptos, montos, periodicidad y vigencia de las comisiones que en su caso se cobren, así como el mecanismo mediante el cual se darán a conocer las modificaciones a tales comisiones.
ii.iii La fecha de vencimiento.
ii.iv El rendimiento que, en su caso, genere el saldo.
ii.v Las medidas de seguridad para su uso.
ii.vi Los procedimientos para reportar cualquier mal funcionamiento de la tarjeta recargable y, en su caso, el robo o extravío; así como para solicitar aclaraciones y para obtener la devolución de los recursos con motivo de la cancelación o terminación de su vigencia.
ii.vii Los mecanismos para consultar el saldo y, en su caso, los movimientos.
ii.viii Los mecanismos e información que deben proporcionar o utilizar para recibir abonos a través de transferencias electrónicas de fondos.
Adicionalmente, deberá entregarse al Socio un comprobante de la adquisición de la tarjeta recargable correspondiente, el cual podrá servir como comprobante de la apertura de la cuenta.
iii) Uso

Las tarjetas recargables referidas en este numeral solo podrán utilizarse en territorio nacional, por lo que no podrán usarse para disponer de efectivo ni efectuar pagos en el extranjero, así como tampoco para realizar transferencias electrónicas de fondos.
iv) Devolución de recursos

Las Sociedades emisoras estarán obligadas a devolver a sus Socios el saldo de los recursos depositados en las tarjetas recargables cuando las cancelen; por mal funcionamiento de la tarjeta, o una vez terminada su vigencia.

Lo anterior, siempre que se acredite la propiedad de los recursos respectivos a través de la presentación o entrega de la tarjeta recargable de que se trate o, en su defecto, de la información o documentación señalada en alguno de los incisos siguientes:
iv.i) El comprobante de la apertura de la cuenta o de la adquisición de la tarjeta recargable.
iv.ii) El número de la tarjeta recargable y el número de identificación personal asociado a ella, en caso de que existan ambos.
iv.iii) De cualquier otra forma que se establezca en los términos y condiciones emitidos por las Sociedades para la operación de dichas tarjetas recargables.
II. Depósitos retirables en días preestablecidos.
a) Cuentahabientes.
Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.
b) Montos.

Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

Las Sociedades deberán reservarse invariablemente el derecho de no recibir nuevos depósitos en la cuenta de que se trate.
c) Rendimientos.

Las Sociedades podrán pactar libremente las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para cada tipo de Socio que determine la propia Sociedad.

La tasa pactada solo podrá revisarse y, en su caso, ajustarse, en los días preestablecidos en que el depositante pueda efectuar retiros.

Las tasas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del principal en el periodo en el cual hayan estado vigentes.

Las Sociedades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses.
d) Retiros.

Estos depósitos solo podrán ser retirables en los días pactados en el contrato respectivo.
Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil, el depósito podrá retirarse el día hábil bancario inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día de pago, inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada.

Las Sociedades podrán pactar en los contratos respectivos que de presentarse el supuesto previsto en el párrafo precedente, el depósito pueda retirarse el día hábil bancario inmediato anterior. En los contratos también podrá establecerse que el retiro pueda efectuarse a elección del depositante en cualquiera de las dos opciones mencionadas.

Las Sociedades se abstendrán de atender retiros en días distintos a los expresamente señalados en el contrato respectivo.

No obstante lo anterior, las Sociedades podrán pactar que estos depósitos sean retirables también con previo aviso. En este caso, en el contrato correspondiente deberá establecerse el plazo con el cual deberá darse el previo aviso para los retiros y el monto máximo de estos.
III. Depósitos de ahorro.
a) Cuentahabientes.
Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.
b) Montos.

Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, mediante políticas de carácter general los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.
c) Rendimientos.

Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que libremente determine la Sociedad depositaria. La tasa así determinada se aplicará de manera uniforme a todos los depositantes.

Dicha tasa deberá revisarse y, en su caso, ajustarse por periodos mensuales.

La tasa determinada para cada periodo mensual será aplicable al promedio de los saldos diarios en el propio periodo. Los intereses se pagarán por mensualidades vencidas, mediante abonos en la propia cuenta.
d) Retiros.
El ahorrador podrá disponer:

1. A la vista, de la cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo diario general en el Distrito Federal, o del 30 por ciento del saldo de la cuenta cuando la suma correspondiente a este porcentaje sea superior a aquella cantidad. Entre un retiro a la vista y otro, deberán transcurrir cuando menos 30 días.

2. Mediante un aviso previo de 15 días, del 50 por ciento del saldo de su cuenta, y con otro aviso de 15 días más, podrán retirar el resto de sus ahorros.

No obstante lo establecido en este inciso, la Sociedad podrá pagar a la vista hasta el 100 por ciento del importe de la cuenta.
IV. Depósitos a plazo fijo.
a) Cuentahabientes.
Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.
b) Montos.

Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir estos depósitos.
c) Rendimientos.

Al constituirse estos depósitos, las partes pactarán libremente, en cada caso, la tasa de interés.

Las Sociedades determinarán libremente la periodicidad con la que vayan a pagar los intereses.

Tratándose de renovaciones automáticas, la tasa aplicable en cada renovación deberá ser la señalada por la Sociedad para depósitos con las mismas características en la fecha valor de la renovación.
d) Plazos.

Al constituirse estos depósitos las partes pactarán, en cada caso, el plazo de los mismos. El plazo se pactará por días naturales, no debiendo ser menor a un día, y será forzoso para ambas partes.
e) Retiros.

Estos depósitos solo serán retirables al vencimiento del plazo contratado. Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil el depósito podrá retirarse el día hábil inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago, inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada. En el mismo supuesto de día inhábil, se podrá pactar en el contrato que el depósito pueda retirarse el día hábil inmediato anterior o en cualquiera de las dos opciones mencionadas a elección del depositante.
f) Documentación.

Estos depósitos se documentarán en certificados de depósito a plazo, o bien, en constancias de depósito a plazo.

Los certificados y las constancias, llevarán anotado el número progresivo que a cada uno le corresponda, el cual deberá ser distinto tanto para los certificados como para las constancias.

Los certificados de depósito a plazo son títulos de crédito nominativos. Los depósitos documentados en tales certificados no podrán renovarse al vencimiento.

Los depósitos documentados en constancias podrán ser renovados automáticamente a su vencimiento.
V. Depósitos retirables con previo aviso.
a) Cuentahabientes.
Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.
b) Montos.

Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

Las Sociedades deberán reservarse invariablemente el derecho de no recibir nuevos depósitos en la cuenta de que se trate.
c) Rendimientos.

Las Sociedades podrán pactar libremente las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para cada Socio.

Las tasas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes.
Las Sociedades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de intereses.
d) Retiros.

En el contrato correspondiente deberá establecerse el plazo con el cual deberá darse el previo aviso para los retiros y el monto máximo de estos.

VI. Asunción de obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito.
a) Aceptaciones.

Las Sociedades podrán aceptar letras de cambio en moneda nacional cuando:

1. Hayan recibido previamente su importe o hayan contratado un crédito o una línea de crédito con el girador para cubrir dicho importe.
2. Sean giradas por personas físicas o morales distintas a la Sociedad que las acepte, ya sea a la orden del girador o de quien este designe.
3. Sean giradas a un plazo mayor a un día hábil.
4. Sean negociables.
b) Títulos de crédito avalados.
1. Titulares.
Podrán ser adquiridos por personas físicas.
2. Emisión.

Los avales sobre títulos de crédito se otorgarán con base en aperturas de crédito que la Sociedad avalista otorgue al suscriptor de los títulos.

Atento a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no es necesario que, precisamente en la fecha de suscripción de un pagaré, se indique el nombre del beneficiario. Por lo tanto, las Sociedades podrán avalar títulos de crédito sin la mención del beneficiario siempre y cuando, también conforme al precepto citado, se cumpla con dicho requisito con anterioridad a la presentación de los títulos para su pago o aceptación.

La Sociedad avalista podrá descontar los títulos de crédito en la fecha en que los mismos hayan sido emitidos.

Los acreedores, beneficiarios de los pagarés y los deudores, suscriptores de los títulos, podrán ser puestos en contacto por la Sociedad que otorgue el aval.
3. Rendimientos.
Las tasas de rendimiento de los pagarés serán pactadas libremente por acreedores y deudores.
4. Plazos.
Serán los que libremente convengan las partes, no debiendo ser menor a un día.
5. Documentación.

Los títulos de crédito avalados serán cualquier crédito en moneda nacional que una persona otorgue a una empresa, o bien, a una persona física que realice actividades empresariales, siempre y cuando dicho crédito se documente con pagarés sobre los cuales las Sociedades otorguen su aval. Para efectos de este numeral, se entenderá por empresa a cualquier sociedad mercantil u organismo descentralizado que realice preponderantemente actividades empresariales.

VII. Recepción de préstamos y créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, así como de fideicomisos públicos y organismos internacionales, y de sus proveedores nacionales y extranjeros.

Las Sociedades podrán recibir préstamos o créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, así como de fideicomisos públicos y organismos internacionales, y de sus proveedores nacionales y extranjeros, sujetándose para tales efectos a los contratos, programas, políticas o lineamientos que documenten dichas operaciones.

La Comisión podrá autorizar la recepción de préstamos y créditos otorgados por personas distintas a las señaladas en la presente fracción, previa solicitud de la Sociedad correspondiente.
Los depósitos a que se refieren las fracciones I, inciso b), II, inciso a), III, inciso a), IV, inciso a) y V, inciso a) del presente artículo, se podrán realizar con menores de edad, en términos de la legislación común aplicable, siempre y cuando sus padres o tutores sean Socios. Dichos depósitos no otorgarán a los menores el carácter de Socios de la Sociedad de que se trate. Lo anterior, en el entendido de que en el momento en que se venza el plazo establecido en las bases constitutivas para que el depositante adquiera el carácter de Socio y siempre que se haya alcanzado la mayoría de edad, tales personas podrán optar por convertirse en Socios de la Sociedad o solicitar la entrega de sus recursos, una vez que venzan los plazos correspondientes a los respectivos depósitos.

Una vez vencido el plazo anterior, sin que los depositantes hubieran adquirido el carácter de Socio siendo mayores de edad, los depósitos serán transferidos a una cuenta concentradora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores, siempre que los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 1,500 UDIS por depositante.

Sección Segunda
De las características de las operaciones activas

Artículo 13.- Las Sociedades, en la contratación de las operaciones activas señaladas por el Artículo 10 de las presentes disposiciones, deberán sujetarse a las disposiciones que resulten aplicables, así como a los términos y condiciones siguientes:
I. Préstamos o créditos, en moneda nacional o UDIS.
a) Plazos.

Las Sociedades con nivel de operaciones I podrán otorgar créditos por un plazo de hasta 36 meses.

Las Sociedades con nivel de operaciones II, podrán otorgar créditos por un plazo de más de 36 meses y hasta 60 meses.

Las Sociedades con nivel de operaciones III y IV, podrán otorgar créditos por plazos superiores a 60 meses.
En ningún caso las Sociedades podrán otorgar créditos por plazos superiores a 30 años.

Adicionalmente, las Sociedades deberán ajustarse a los límites máximos de plazo y monto del crédito o préstamo que al efecto determine el Consejo de Administración de cada Sociedad, los cuales se ajustarán en lo establecido en el presente capítulo.
b) Tasas de interés.

Las Sociedades podrán convenir con sus Socios la tasa de interés que pretendan cobrar por los préstamos o créditos, debiendo pactar una sola tasa de interés ordinaria y, en su caso, una sola tasa de interés moratoria.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán dividir en dos o más períodos el plazo de vigencia de los préstamos o créditos y establecer desde el momento del inicio de la vigencia del préstamo o crédito respectivo la tasa de interés aplicable a cada uno de los aludidos períodos. Cada período no deberá ser menor a 3 años.
La tasa de interés deberá determinarse conforme a alguna de las tres opciones siguientes:
1. Una tasa fija.

2. Una tasa variable, la cual podrá ser determinada bajo cualquier fórmula acordada con el Socio, siempre y cuando esta use como referencia una sola tasa que se elija de entre las señaladas en los incisos e) y f) de esta fracción, según se trate de préstamos o créditos denominados en moneda nacional o en UDIS.
3. Una tasa variable con un límite máximo fijo.

Las tasas de interés pactadas se deberán calcular sobre saldos insolutos y sólo podrán cobrarse por anticipado en los supuestos que al efecto determine el Banco de México en términos de lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Tratándose de aperturas de líneas de crédito en las que las Sociedades no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier tiempo, las partes podrán pactar que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones respectivas. Lo anterior, deberá ser acordado por las partes en los documentos en los que se instrumenten los préstamos o créditos.
c) Modificación de la tasa de interés.

Queda prohibido a las Sociedades modificar unilateralmente la tasa de interés a la alza o los mecanismos para determinarla, durante la vigencia del préstamo o crédito de que se trate.

Lo anterior, no será aplicable a los préstamos o créditos que las Sociedades otorguen a sus empleados; en los que se pacte que la tasa de interés se incrementará en caso de que deje de existir la relación laboral. Al efecto, deberá convenirse expresamente desde el momento de contratar el préstamo o crédito, el incremento aplicable a la tasa de interés.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los instrumentos en los que se documenten los préstamos o créditos, incluyendo las relativas a la tasa de interés. En tal caso el Socio, al momento de pactar la modificación, deberá otorgar su consentimiento por escrito o por cualquier otro medio que deje constancia de ello.

Tratándose de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente en moneda nacional, las Sociedades, a través de los medios que pacten con sus Socios deberán darles a conocer las modificaciones a las tasas de interés, por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha prevista para que dichas modificaciones surtan efectos. Con motivo de lo anterior, los Socios en los términos que establezcan los contratos y dentro de los 60 días naturales siguientes a que surtan efectos las modificaciones, tendrán derecho a dar por terminado el contrato respectivo en caso de no estar de acuerdo con ellas, sin que la Sociedad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que se dé por terminado el contrato.
d) Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses.

Las tasas de interés ordinarias y moratorias deberán expresarse exclusivamente en términos anuales simples, considerando años de 360 días.

En el evento de que las Sociedades pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de referencia deberá ser la última publicada durante el período que se acuerde para la determinación de dicha tasa de interés, o la que resulte del promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido período. Lo anterior, en el entendido de que el período de determinación de la tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el período en que los intereses se devenguen.
e) Tasas de referencia en moneda nacional.

En los préstamos o créditos denominados en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia: i) la TIIE; ii) CETES; iii) el CCP; iv) la Tasa Nafin (TNF) que se publique en el Diario Oficial de la Federación; v) la tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten préstamos o créditos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los préstamos o créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos; vi) la tasa ponderada de fondeo bancario o, vi) la tasa ponderada de fondeo gubernamental. Estas dos últimas tasas serán las que el Banco de México dé a conocer en su página electrónica en la red mundial Internet con el nombre de dominio www.banxico.org.mx.

Tratándose de las tasas de referencia previstas en los numerales i) y ii), deberá indicarse el plazo de la TIIE o de los CETES al que esté referida la tasa de los Créditos.
f) Tasas de referencia en UDIS.

En los préstamos o créditos denominados en UDIS, únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de UDIBONOS.
g) Tasas de referencia sustitutivas.

Cuando se acuerde una tasa de referencia, deberá pactarse una o más tasas de referencia sustitutivas en el evento de que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su caso, dichas tasas de referencia sustituirían de ser necesario a la originalmente pactada.
Los acuerdos mencionados deberán quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el préstamo o crédito correspondiente y solo podrán modificarse conforme a lo previsto en los incisos b) y c) de la presente fracción.
h) Garantías.

Tratándose de Sociedades con nivel de operaciones I, únicamente podrán otorgar créditos o préstamos revolventes, siempre y cuando dichas operaciones estén cubiertas al 100% por garantías líquidas que cumplan con lo que se establece en el Anexo C de las presentes disposiciones.
II. Inversiones en valores autorizados por la Ley.
a) Valores Gubernamentales.

Las operaciones de compraventa con Valores Gubernamentales deberán denominarse en moneda nacional, salvo tratándose de las que se celebren con aquellos instrumentos denominados en UDIS.
b) Títulos bancarios.

Se entenderá por títulos bancarios: los certificados de depósito a plazo, las aceptaciones bancarias, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, el papel comercial con aval bancario, y los bonos bancarios.
c) Valores de sociedades de inversión en instrumentos de deuda.

III. Operaciones de cesión o descuento con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, así como con otras Sociedades y con el Fondo de Protección.

Las Sociedades podrán ceder o descontar su cartera de crédito con o sin su responsabilidad, con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, así como con otras Sociedades y con el Fondo de Protección, sin restricción alguna.

No obstante lo anterior, el Comité Técnico, a través del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, previa opinión de la Comisión, en casos excepcionales podrá autorizar a las Sociedades que cedan o descuenten su cartera crediticia con personas distintas a las señaladas en la presente fracción, cuando su situación financiera así lo requiera.

IV. Emisión de tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.
Las Sociedades deberán observar la “Circular 34/2010, dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas relativa a las Reglas de Tarjetas de Crédito”, emitida por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010 y las que la sustituyan.
Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios

Artículo 14.- Las Sociedades podrán recibir el pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.

Las Sociedades podrán recibir pagos respecto de servicios que proporcionen terceros a sus Socios y al público en general, para lo cual deberán celebrar con dichos terceros, contratos de prestación de servicios para la situación de fondos.

Asimismo, las Sociedades al recibir los recursos de sus Socios deberán informarles el carácter con el que se reciben los recursos, lo que deberá constar en el recibo que para tales efectos extiendan.
En todos los casos, los recursos se reciben por cuenta y orden del tercero a favor de quien se efectúe el pago.

Artículo 15.- Las Sociedades, en la aceptación de mandatos y comisiones de entidades financieras relacionados con su objeto, deberán contar con la previa aprobación de su Consejo.
Asimismo, deberán informar a la Comisión y al Fondo de Protección respecto de los mandatos y comisiones que acepten.

Artículo 16.- Las Sociedades determinarán libremente, en función de sus costos y políticas, el importe de las cuotas y honorarios correspondientes a los servicios siguientes:
I. Pagos por cuenta de sus Socios.
II. Copias fotostáticas a solicitud del interesado.
III. Compra y venta de divisas.
Sección Cuarta
Disposición Final

Artículo 17.- Las Sociedades, a fin de realizar cualquiera de las operaciones previstas en la Ley y en el presente Título, en términos distintos a los aquí señalados, deberán contar con la previa autorización de la Comisión.

Tratándose de la aceptación de documentos de cobro inmediato en firme, las Sociedades deberán acreditar previamente ante la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, que cuentan con la capacidad técnica y operativa para la administración de los riesgos asociados y la prudente realización de dicha operación.

TITULO TERCERO

DE LOS PRESTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACION PRUDENCIAL
Capítulo I
De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades

Artículo 18.- Las Sociedades, en términos de lo previsto por el Artículo 19, fracción I, inciso h) de la Ley, podrán solicitar al Comité Técnico del Fondo de Protección les autorice el otorgamiento de préstamos de liquidez con cargo al patrimonio de una o más Sociedades, proponiendo al efecto el monto, destino, plazo, intereses, garantías y demás características de la operación de que se trate y, siempre que se ajusten a lo previsto en los lineamientos a que se refiere el Artículo 19 siguiente.

Artículo 19.- El Comité Técnico deberá establecer lineamientos y políticas generales, así como el contrato marco relativo a los préstamos de liquidez que se otorguen entre sí las Sociedades. Dichos lineamientos deberán contener como mínimo lo siguiente:

I. Destino: Los préstamos únicamente podrán otorgarse con el objeto de atender problemas de liquidez que presenten las Sociedades acreditadas. Para ello, el Comité Técnico deberá evaluar en cada caso la situación financiera de las Sociedades y verificar que el destino de dichos préstamos, conste de forma expresa en los contratos respectivos.

II. Plazo: Los préstamos se concederán a plazo no mayor de 270 días, incluyendo en dicho plazo las renovaciones que, en su caso, se otorguen.

III. Garantías: Los préstamos deberán garantizarse a satisfacción de la Sociedad acreditante.

Artículo 20.- Corresponderá al Comité Técnico, en su caso, aprobar las solicitudes que para el otorgamiento de préstamos de liquidez les presenten las Sociedades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 19 antes citado, el monto de cada uno de los préstamos de liquidez que se otorgue al amparo del contrato respectivo, deberá ser autorizado de forma previa por el Comité Técnico a más tardar a los 5 días hábiles siguientes a que se reciba completo el expediente por parte de dicho Comité.

Para otorgar la autorización del préstamo de liquidez de que se trate, el Comité Técnico deberá observar lo siguiente:

I. Todo préstamo de liquidez deberá otorgarse o renovarse con cargo a los excedentes de capital neto mínimo requerido de la Sociedad acreditante, por lo que esta deberá descontarlo de su capital para efectos de los cálculos a que se refieren los Artículos 28, 54, 94 y 139 de las presentes disposiciones.

II. El monto del préstamo o del conjunto de préstamos de liquidez que mantenga vigentes una Sociedad acreditante, no podrá exceder del 20 por ciento de su capital neto. En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

III. El monto del préstamo o del conjunto de préstamos de liquidez que otorgue o renueve una Sociedad, no podrá ubicarla por debajo del coeficiente de liquidez que, conforme a las disposiciones aplicables, deba mantener.

Artículo 21.- En caso de falta de pago oportuno de un préstamo de liquidez, la Sociedad acreditante deberá comunicarlo a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar el día hábil siguiente al vencimiento, a fin de que este último investigue las causas de la mora. El resultado de la investigación deberá hacerse del conocimiento de la Comisión dentro de los 3 días hábiles siguientes a su conclusión. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan a la Sociedad acreditante para la recuperación del crédito.
Capítulo II
De la regulación prudencial
Sección Primera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS

Artículo 22.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean iguales o inferiores al equivalente en pesos de 10’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango máximo del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario adicionales durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.

En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.
Apartado A
Capital mínimo

Artículo 23.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación será de 100,000 UDIS.

Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.
Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 24.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto el cual no podrá ser inferior al requerimiento de capital establecido en la presente sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 25.- Las Sociedades, para la determinación del requerimiento de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento que se describe en este artículo.

El requerimiento de capital por riesgo de crédito será el que se obtenga de aplicar un 8 por ciento al monto total de la cartera de créditos otorgados por las Sociedades, neta de las correspondientes provisiones para riesgos crediticios.

Adicionalmente, para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 26.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:
I. El capital contable o patrimonio.
Menos:
II. Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:
a) Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.
b) Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que representen erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.
Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.
III. Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h) de la Ley.

IV. Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

V. Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 27 de las presentes disposiciones.

VI. Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.

VII. Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 27.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.
Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:

I. Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.

II. Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.

III. Estar numerados y ser del mismo valor.
IV. Contener lo siguiente:

a) La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.

De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.
b) El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.
c) El lugar y modo de pago.
d) Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.
En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 28.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión, en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.

Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 29.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 30.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.
Apartado C
Control interno

Artículo 31.- Para efectos del presente apartado de control interno se entenderá por:
I. Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.
II. Sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad, con el propósito de:
a) Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.
b) Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.
c) Diseñar sistemas de información eficientes y completos.
d) Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 32.- El Consejo de Administración tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Definir los lineamientos de control interno para el manejo prudente de la Sociedad, para lo cual deberá aprobar y revisar al menos cada 2 años el manual de control interno y el manual de crédito de la Sociedad. Adicionalmente, será el responsable de definir y aprobar los lineamientos, políticas y objetivos de la Sociedad.

Al respecto, en el manual de control interno deberá señalarse lo dispuesto por las fracciones III y V del presente artículo.

Asimismo, en el manual de crédito deberán establecerse los límites respecto al otorgamiento de préstamos o créditos, incluyendo el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad y la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital; así como el tipo de acreditados y de productos crediticios que ofrecerá la Sociedad.

II. Aprobar el código de ética. Para tales efectos, podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por el Director o Gerente General y por personas especializadas internas o externas, que designe el Consejo.

III. Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad y vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas que se deriven de los informes que emita el Consejo de Vigilancia.

IV. Nombrar al Auditor Interno de la Sociedad, así como al responsable para que documente en manuales, las políticas y procedimientos relativos a las operaciones propias de su objeto, las cuales deberán guardar congruencia con los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el mismo Consejo y concluidos los manuales correspondientes se envíen para autorización del mismo.

V. Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado.

VI. Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General de la Sociedad cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.
El Consejo de Administración podrá auxiliarse del comité de apoyo a que se refiere la fracción II del presente artículo o, en su caso, de terceros que acrediten ser expertos en la materia, para la elaboración de los manuales de crédito y de control interno a que se refiere el presente artículo, correspondiendo al propio Consejo de Administración su emisión y, en su caso, aprobar sus modificaciones.

Artículo 33.- Los manuales de operación de la Sociedad deberán apegarse como mínimo a los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el Consejo de Administración y en específico a lo siguiente:
I. Manual de control interno.
Deberá contemplar el funcionamiento del sistema de control interno de la Sociedad, estableciendo:
a) Los objetivos, las políticas y procedimientos de control interno.
b) La estructura organizacional, especificando a los responsables de llevar a cabo las diversas funciones en la Sociedad.
c) Los sistemas de información dentro de la Sociedad, los cuales deberán permitir que la información sobre el estado en que se encuentren los créditos y los depósitos sea completa y oportuna; dicha información deberá estar disponible para el Comité de Supervisión Auxiliar, la Comisión, así como para el personal que se considere autorizado para acceder a dicha información.
d) La descripción de la normatividad interna de la Sociedad, es decir, de los manuales que existan y que se encuentren vigentes, así como su propósito.
II. Manual de crédito.
Deberá contener las políticas y los procedimientos de crédito, y como mínimo los lineamientos siguientes:
a) Promoción y otorgamiento de crédito: Los métodos de aprobación y otorgamiento de crédito, entre los cuales deberá estar el procedimiento de autorizaciones automáticas a que se refiere el Artículo 40 de las presentes disposiciones.

Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito, debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:
1. Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.
2. La evaluación deberá considerar cuando menos:
i) En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.
ii) La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.
iii) La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.
iv) En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.
3. El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.
4. Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.
b) Integración de expedientes de crédito: Las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, en el cual se contenga cuando menos la documentación e información siguiente:
1. Identificación del solicitante.
i) Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos y títulos de crédito.
ii) En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior, copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 45 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

2. La solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.

3. Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada, con firma autógrafa del representante legal y con una antigüedad no mayor a 180 días.
4. Documentación que acredite su capacidad de pago.
5. Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.

Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.

6. La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.

7. En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas, correos electrónicos y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.
8. Comprobante de domicilio.
9. Garantías.

Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, y

Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.

10. Documentación relativa a una reestructura, en su caso, como son las condiciones de esta, su autorización y la información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

11. Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, evidencia de la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

c) Evaluación y Seguimiento: La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:
1. Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.
2. La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.
3. Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.
d) Recuperación de cartera crediticia.

Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo, en su caso, la aprobación del Comité de Crédito.

Tratándose de los procedimientos de cobranza judicial, el Director o Gerente General designará el o las áreas de negocio que realizarán las funciones correspondientes, las cuales deberán ser independientes de las áreas de crédito.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Artículo 34.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:
I. Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.
II. Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.
III. Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 45, fracción I de las presentes disposiciones.
IV. Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 35 de estas disposiciones.
V. Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 35.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:
I. Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.
II. Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.
III. Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 33 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 4 y 6 del inciso b) de la fracción II del citado

Artículo 33.

Artículo 36.- Las Sociedades deberán contar con un Auditor Interno, quien deberá llevar a cabo, cuando menos una vez al año una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, el desarrollo de la administración del riesgo de crédito, de conformidad con lo establecido en la presente sección y el propio manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe de observaciones que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Director o Gerente General.

Artículo 37.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado Consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y, en su caso, externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

Para efectos de lo anterior, el Comité de Auditoría tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Presentar informes al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno en general. Para lo anterior, habrá de efectuar las pruebas que considere necesarias, pudiendo al efecto apoyarse en el Auditor Interno. En los citados informes deberán especificarse, en su caso, las irregularidades que se detecten y las medidas preventivas recomendadas, así como aquellas que se hubieren adoptado para tales efectos.
II. Asegurarse de que se lleve a cabo la vigilancia de las operaciones crediticias y de su apego a las medidas de control establecidas en el manual de crédito.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes. Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere la fracción I de este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Artículo 38.- El Director o Gerente General en relación con el control interno tendrá las responsabilidades siguientes:

I. La ejecución diaria del sistema de control interno conforme lo establezca el Consejo de Administración, dentro de la cual estará implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad.
II. El diseño de los manuales que estarán sujetos a la aprobación del Consejo de Administración, así como su difusión al personal.
III. La vigilancia conjunta con el Comité de Auditoría , de que el sistema de control interno sea efectivo y funcional.
IV. La orden para llevar a cabo una evaluación del estado que guarde el sistema de control interno en todos sus distintos aspectos, a solicitud del Comité de Supervisión Auxiliar o de la Comisión.
V. La elaboración de reportes trimestrales para el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:
a) La situación actual de la cartera crediticia total.
b) El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.
c) El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.
d) Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.
e) Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.
VI. Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna, las cuales implicarán la adopción y seguimiento diario de medidas necesarias para revisar que las actividades de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de esta, así como para verificar el estricto apego a las leyes, reglamentos internos, manuales y demás disposiciones aplicables. En ningún caso estas funciones podrán asignarse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia la presente fracción, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia, y al Comité de Auditoría, así como al Director o Gerente General.
VII. Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos.
VIII. Informar trimestralmente al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.

Artículo 39.- El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.

Artículo 40.- Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:
I. El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.
II. Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.
III. El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.
IV. El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.
Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.
Apartado D
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 41.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.
Las Sociedades que otorguen Microcrédito Productivo, deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Salvo por lo dispuesto en el párrafo anterior, las Sociedades podrán optar por aplicar a la totalidad de su cartera la metodología establecida en el Apartado I del Anexo C, o bien, la metodología acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Artículo 42.- La Comisión podrá ordenar lo siguiente:

I. La constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:

a) Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.
b) Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

II. La suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 43.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
I. En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

RESERVAS PARA BIENES MUEBLES

TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACION O DACION EN PAGO (MESES) PORCENTAJE DE RESERVA

Hasta 6 0%
Más de 6 y hasta 12 10%
Más de 12 y hasta 18 20%
Más de 18 y hasta 24 45%
Más de 24 y hasta 30 60%
Más de 30 100%

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.
II. Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:
RESERVAS PARA BIENES INMUEBLES

TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACION O DACION EN PAGO (MESES) PORCENTAJE DE RESERVA

Hasta 12 0%
Más de 12 y hasta 24 10%
Más de 24 y hasta 30 15%
Más de 30 y hasta 36 25%
Más de 36 y hasta 42 30%
Más de 42 y hasta 48 35%
Más de 48 y hasta 54 40%
Más de 54 y hasta 60 50%
Más de 60 100%

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.
Apartado E

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 44.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos a corto plazo, invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y, tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.
Apartado F
Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 45.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán ajustarse a lo siguiente:
I. Diversificación de activos.
El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:
a) Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 7 por ciento del capital neto de la Sociedad.
b) Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I
del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante. En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

Para efectos de la presente sección, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a un Socio aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

Para efectos de lo dispuesto por la presente sección, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades. En este último caso, el límite será el previsto en el inciso a) anterior, respecto de Socios.

No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda el equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, siempre y cuando sean emitidos por una institución de crédito que tenga calificación mínima de grado de inversión por parte de una Institución Calificadora de Valores en términos de lo establecido en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión.

II. Diversificación de pasivos.

Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados por una sola persona no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales o internacionales, ni con organismos internacionales.
III. Excepciones.

La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores.

Artículo 46.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 45 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de su cartera total y ningún crédito sea mayor al 3.5 por ciento de su capital neto. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 45, fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior que rebasen el 2 por ciento de su capital neto.
No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I del Artículo 45 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.
Sección Segunda

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 10’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 50’000,000 de UDIS

Artículo 47.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean superiores al equivalente en pesos de 10’000,000 de UDIS, pero inferiores o iguales al equivalente en pesos de 50’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango máximo del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario adicionales, durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.
En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.
Apartado A
Capital mínimo

Artículo 48.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación, será de 500,000 UDIS.
Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.
Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 49.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos de crédito y de mercado en que incurran en su operación, el cual no podrá ser inferior a los requerimientos de capital establecidos en esta sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 50.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:
I. Clasificación de operaciones.
Las Sociedades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:
a) Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos con garantía expresa del propio Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.
b) Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y casas de bolsa; acciones de sociedades de inversión; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como los reportos y las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.
c) Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Sociedades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.

Sin limitación de lo establecido en la presente sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en la presente fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados, y iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan.
II. Cómputo de los activos.
Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:
a) Tratándose de la cartera de créditos, esta computará neta de las correspondientes estimaciones.
b) Referente a los valores y otros activos, estos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.
III. Cálculo del requerimiento.
Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:
GRUPOS PORCENTAJE DE PONDERACION DE RIESGO
1. 0%
2. 20%
3. 100%

En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Sociedades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.
Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 51.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 1 por ciento al monto total que resulte de la suma de la cartera de créditos otorgada por las Sociedades, neta de las correspondientes estimaciones preventivas para riesgos crediticios, el total de las inversiones en valores y el saldo de los deudores por reporto, observando al efecto los criterios de contabilidad aplicables.

Artículo 52.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:
I. El capital contable o patrimonio.
Menos:
II. Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:
a) Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.
b) Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.
Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.
III. Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h), de la Ley.
IV. Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

V. Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 53 de las presentes disposiciones.

VI. Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.
VII. Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 53.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.
Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:
I. Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.
II. Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.
III. Estar numerados y ser del mismo valor.
IV. Contener lo siguiente:
a) La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.
De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.
b) El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.
c) El lugar y modo de pago.
d) Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.
En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 54.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión, en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.
Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 55.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 56.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 54 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.
Apartado C
Administración de riesgos
Artículo 57.- Para efectos del presente apartado se entenderá por:
I. Administración de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentren expuestas las Sociedades.
II. Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.
III. Riesgo de liquidez, a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Sociedad; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
IV. Riesgo de mercado, a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, índices de precios, entre otros.
V. Riesgo operacional, a las posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.

Artículo 58.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de crédito, deberán como mínimo:
I. Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:
a) Límites de riesgo que la Sociedad está dispuesta a asumir.
b) En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Sociedad podrá celebrar operaciones.
c) Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 85 de estas disposiciones.
d) Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.
e) Límites en el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad.
f) Límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital.
II. Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:
a) Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.
b) Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida esperada.
III. Por lo que hace al riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros:
a) Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito de operaciones a plazo, de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte.
b) Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual como futura.
c) Calcular la probabilidad de incumplimiento de la contraparte.
d) Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la operación.

De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Sociedades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su riesgo de liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos, deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.

Artículo 59.- En materia de administración de riesgos, el Consejo de Administración de cada Sociedad tendrá las responsabilidades siguientes:
I. Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración del riesgo de crédito y otros riesgos de la Sociedad, así como los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.
II. Designar al Auditor Interno de la Sociedad, así como a la persona que será responsable de la administración de riesgos, a propuesta del Director o Gerente General.
III. Aprobar la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien la modificación de los ya existentes, a propuesta del Director o Gerente General, con opinión del personal responsable de la administración de riesgos y previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.
Las políticas y procedimientos mencionados en la fracción I del presente artículo, deberán incluirse en un manual de administración de riesgos y ser revisados cuando menos una vez al año. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.

Artículo 60.- El personal responsable de la administración de riesgos, realizará cuando menos las funciones que se indican a continuación:
I. Elaborar, en conjunto con el Director o Gerente General, el manual de administración de riesgos para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.
II. Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.
III. Validar el cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos y el cumplimiento a los límites, con el objeto de verificar que los mismos se ajusten a las disposiciones aplicables.
IV. Informar trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o Gerente General, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.
V. Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas.
VI. Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.
VII. Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

Artículo 61.- El Director o Gerente General deberá proponer al Consejo de Administración, la designación de la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, garantizando la independencia de dicha persona respecto de las áreas de negocios.
Asimismo, el Director o Gerente General será responsable de implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos, diseñando programas de capacitación en esta materia para el personal involucrado en la operación o administración de riesgos de la Sociedad.

Artículo 62.- Las Sociedades deberán contar con un Auditor Interno independiente que lleve a cabo, cuando menos una vez al año, una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, el desarrollo de la administración del riesgo de crédito de conformidad con lo establecido en la presente sección y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Sociedad, así como de los riesgos de mercado y operacional.

Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe de observaciones que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Director o Gerente General.
Apartado D
Control interno

Artículo 63.- Para los efectos del presente apartado, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad con el objeto de:
I. Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.
II. Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.
III. Diseñar sistemas de información eficientes y completos.
IV. Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 64.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Sociedad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:
I. Aprobar los manuales de políticas y procedimientos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, así como los manuales de administración de riesgos y de crédito, y un código de ética.
II. Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad, en la que se asegure la adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades.
III. Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.
IV. Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año.
V. Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado.
VI. Establecer mecanismos para asegurarse que el área o personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las unidades de negocio sobre quienes desempeñen sus labores.

Los manuales de políticas y procedimientos de la Sociedad, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.

Tratándose de la aprobación del código de ética, el Consejo de Administración podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por especialistas nombrados por el Consejo de Administración, siempre y cuando participe en dicho comité el Director o Gerente General.

El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo referido en este artículo para efectos de la aprobación de los manuales de administración de riesgos y de crédito, así como de sus modificaciones.

Artículo 65.- El Director o Gerente General de las Sociedades deberá documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas las actividades de las Sociedades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.

Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 64 de las presentes disposiciones, y deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, así como de los funcionarios y empleados de la Sociedad que por sus funciones requieran conocerlos.

Artículo 66.- Los manuales de operación deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:
I. La estructura organizacional y funcional de cada área de la Sociedad, así como las responsabilidades individuales asignadas.
II. Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad.
III. Las políticas generales de operación.
IV. Los mecanismos de control en los procedimientos operativos.
V. En general, programas de contingencia y seguridad.

Artículo 67.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:
I. Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos.
II. Se encuentren documentados y actualizados.
III. Estén debidamente probados antes de ser implementados.
IV. Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de estos.
V. Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.

Artículo 68.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:
I. Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente y conforme a los objetivos y estrategias determinados por el Consejo de Administración.
II Elaborar reportes trimestrales para el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:
a) La situación actual de la cartera crediticia total.
b) El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.
c) El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.
d) Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.
e) Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.
III. Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna.
IV. Realizar las acciones necesarias para que:
a) Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas.
b) Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Sociedad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.
c) Los manuales de operación se hagan del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia así como de los funcionarios y empleados que por sus funciones requieran conocerlos.
V. Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos.

Artículo 69.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Sociedades deberán asegurar que se lleven a cabo las funciones de contraloría. Dichas funciones, implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:
I. Establecer medidas encaminadas a asegurar el apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Sociedad.
II. Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Sociedad, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros..
III. Diseñar controles para que tanto la elaboración de información financiera, como la información generada y proporcionada al Comité de Supervisión Auxiliar y a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la Dirección o Gerencia General de la Sociedad, podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a personal distribuido en varias áreas. El personal que realice tales funciones incluso podrá ser independiente jerárquicamente de la Dirección o Gerencia General; sin que en ningún caso las referidas funciones de contraloría puedan atribuirse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia el presente artículo, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría; así como al Director o Gerente General.

Artículo 70.- Las Sociedades deberán implementar un código de ética, aprobado por el Consejo de Administración o, en su caso, por el comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 64 de estas disposiciones, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados, en su interacción con los Socios y al interior de la propia Sociedad. El código de ética debe contemplar los aspectos siguientes, como mínimo:
I. Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes.
II. Respetar la confidencialidad de los Socios, de las operaciones de la Sociedad y en general de la información institucional.

El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto en el Artículo 64 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Artículo 71.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al
citado consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y, en su caso, externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

El Comité de Auditoría deberá informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Sociedad, para lo cual deberá efectuar las pruebas que considere necesarias, pudiendo al efecto apoyarse en el Auditor Interno. El informe respectivo deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
I. Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de control interno que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto los informes de los responsables de las funciones de contraloría interna.
II. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión, así como de la evaluación del sistema de control interno realizada por el propio Comité de Auditoría.
III. La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna.
IV. Los aspectos significativos del sistema de control interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Sociedad.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes. Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.
El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.
Apartado E
Proceso crediticio

Artículo 72.- Para efectos del presente apartado, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Sociedades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.
Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito

Artículo 73.- Las Sociedades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones. El manual deberá contener las políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:
I. Promoción y otorgamiento de crédito.
a) Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:
1. Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.
2. La evaluación deberá considerar cuando menos:
i) En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.
ii) La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.
iii) La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.
iv) En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.

3. El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.
4. En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado.
5. Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.
b) Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:
1. El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.
2. Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.
3. El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.
4. El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.
Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

c) Adicionalmente, las Sociedades podrán establecer metodologías para la aprobación y otorgamiento de créditos cuyo monto sea considerable, según las características de las operaciones que realice la Sociedad, para lo cual deberá tomarse en cuenta, por lo menos, lo siguiente:
1. Contar con la documentación mínima indispensable que establezca el propio manual de crédito.
2. La información que valide la experiencia de ahorro o de pago del acreditado.
3. La capacidad del acreditado para cumplir con sus obligaciones.
4. La determinación de un parámetro o escala de medición que indique el riesgo del potencial acreditado.
d) El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.
II. Control de políticas y procedimientos crediticios.

Las Sociedades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través de un área independiente de las involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:
a) Que la actividad crediticia se esté desarrollando conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito.
b) Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones, y los antecedentes del Socio.
c) Que los funcionarios y empleados de la Sociedad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.

El área a que se refiere la presente fracción deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Comité de Auditoría, al Consejo de Vigilancia y a la Dirección o Gerencia General sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.
III. Evaluación y seguimiento.

Las Sociedades deberán establecer una metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:
a) Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.
b) La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.
c) Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

Las evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.
IV. Recuperación de cartera crediticia.

Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito.

Tratándose de los procedimientos de cobranza judicial, el Director o Gerente General designará el o las áreas de negocio que realizarán las funciones correspondientes, las cuales deberán ser independientes de las áreas de crédito.
V. Sistemas automatizados.

Las Sociedades deberán contar con sistemas automatizados que permitan generar información completa y oportuna sobre el estado en que se encuentren los créditos, de forma tal que pueda darse seguimiento oportuno y confiable a los mismos, así como tener medidas concretas para la recuperación de información en casos de contingencia.
VI. Integración de expedientes de crédito.

Las Sociedades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, el cual contendrá cuando menos la documentación e información que se detalla a continuación.

Las Sociedades deberán instrumentar un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito. Asimismo, deberán designar al personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 85 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito será, cuando menos, la siguiente:
a) Identificación del solicitante:
1. Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente, y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos y títulos de crédito.
2. En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior, copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.
b) Otorgamiento y seguimiento:
1. Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.
2. Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal y con una antigüedad no mayor a 180 días.
3. Documentación que acredite la capacidad de pago de los Socios.
4. Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.

Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.
5. La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.
6. En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.
c) Comprobante de domicilio.
d) Garantías.

Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:
1. Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Sociedad.
2. Certificado de libertad de gravamen o verificación de inscripción de las garantías ante el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.
3. Reportes de la Sociedad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.

Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.
e) Reestructuración.
En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:
1. Análisis o estudios de viabilidad de la reestructura.
2. Las condiciones y la autorización de reestructura o convenio judicial.
3. Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.
f) Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.
Adicionalmente a la documentación que en esta fracción se especifica, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.
La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.
Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito

Artículo 74.- Las Sociedades, además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del

Artículo 73 de las presentes disposiciones, deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, procurando en todo momento la independencia en sus actividades para evitar conflictos de interés, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:
I. El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación.
II. La promoción, otorgamiento de crédito y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 73 de estas disposiciones.
III. El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 73 de estas disposiciones.
IV. La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Sociedad, de conformidad con la fracción III del

Artículo 73 de las presentes disposiciones.

Artículo 75.- El manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Comité de Crédito o su equivalente, en conjunto con el Director o Gerente General y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la autorización del Consejo de Administración, quien podrá escuchar las propuestas de modificación que realice el comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones.

Artículo 76.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.

Artículo 77.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:
I. Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.
II. Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.
III. Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 85, fracción I de las presentes disposiciones.
IV. Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 78 de estas disposiciones.
V. Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 78.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:
I. Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.
II. Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.
III. Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el

Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 73 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 3 y 5 del inciso b) de la fracción VI del citado

Artículo 73.
Sub Apartado C
Otras disposiciones

Artículo 79.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Artículo 80.- La Comisión podrá ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias conforme a las disposiciones aplicables.

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 81.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los Apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.
Las Sociedades que otorguen Microcrédito deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.
Las Sociedades podrán optar por aplicar a la totalidad de su cartera la metodología establecida en el Apartado I del Anexo C, o bien, la metodología acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Artículo 82.- La Comisión podrá ordenar la constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:
I. Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.
II. Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

Artículo 83.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
I. En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

RESERVAS PARA BIENES MUEBLES

TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACION O DACION EN PAGO (MESES) Y SU PORCENTAJE DE RESERVA

Hasta 6 0%
Más de 6 y hasta 12 10%
Más de 12 y hasta 18 20%
Más de 18 y hasta 24 45%
Más de 24 y hasta 30 60%
Más de 30 100%

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

II. Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:

RESERVAS PARA BIENES INMUEBLES
TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN O DACION EN PAGO (MESES) Y EL PORCENTAJE DE RESERVA

Hasta 12 0%
Más de 12 y hasta 24 10%
Más de 24 y hasta 30 15%
Más de 30 y hasta 36 25%
Más de 36 y hasta 42 30%
Más de 42 y hasta 48 35%
Más de 48 y hasta 54 40%
Más de 54 y hasta 60 50%
Más de 60 100%

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 84.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos a corto plazo, invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y, tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 85.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán observar lo siguiente:

I. Diversificación de activos.
El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:
a) Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 5 por ciento del capital neto de la Sociedad.
b) Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I
del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante. En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

Para efectos del presente apartado, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a una persona física aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores, siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

Para efectos de lo dispuesto por la presente sección, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades.

No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda el equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento que realicen en instituciones de crédito calificadas como grado de inversión por una Institución Calificadora de Valores.
II. Diversificación de pasivos.

Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados por una sola persona no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales e internacionales, ni con organismos internacionales.
III. Excepciones.

La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores.

Artículo 86.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 85 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de la cartera total de la Sociedad y ningún crédito sea mayor al 3.5 por ciento del capital neto de esta. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 85, fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior, que rebasen el 2 por ciento de su capital neto.

No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I del Artículo 85 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de monitoreo para el seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.

Sección Tercera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 250’000,000 de UDIS

Artículo 87.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean superiores al equivalente en pesos de 50’000,000 de UDIS, pero iguales o inferiores al equivalente en pesos de 250’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario, adicionales durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.

En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.
Apartado A
Capital mínimo

Artículo 88.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación, será de 4’000,000 UDIS.
Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.
Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.
Apartado B
Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 89.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos en que incurran en su operación, el cual no podrá ser inferior a los requerimientos de capital establecidos en esta sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.
Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 90.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:
I. Clasificación de operaciones.
Las Sociedades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:
a) Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos con garantía expresa del Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.
b) Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y casas de bolsa; acciones de sociedades de inversión; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores y créditos a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como los reportos y las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.
c) Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Sociedades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.

Sin limitación de lo establecido en la presente sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en esta fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados, y iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan.
II. Cómputo de los activos.
Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:
a) Tratándose de la cartera de créditos, esta computará neta de las correspondientes estimaciones.
b) Referente a los valores y otros activos, estos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.
III. Cálculo del requerimiento.
Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:
GRUPOS Y SU PORCENTAJE DE PONDERACION DE RIESGO
1. 0%
2. 20%
3. 100%

En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Sociedades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.
Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 91.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 30 por ciento al monto total que resulte del cálculo del requerimiento de capital por riesgo de crédito determinado conforme a lo establecido por el Artículo 90 de las presentes disposiciones.
Las Sociedades podrán optar por utilizar el “Procedimiento para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de mercado” a que se refiere el Anexo D de las presentes disposiciones, siempre y cuando dichas Sociedades cuenten con la autorización de la Comisión, previa opinión del Comité de Supervisión Auxiliar. Lo anterior, en el entendido de que una vez que se utilice la metodología prevista por el citado Anexo D, la Sociedad no podrá determinar sus requerimientos de capitalización por riesgos de mercado conforme a lo previsto en el presente artículo.
La Comisión podrá exigir la aplicación del procedimiento de requerimiento de capital por riesgo de mercado contenido en el Anexo D de las presentes disposiciones, cuando en ejercicio de sus facultades de supervisión, llegaran a detectar que una Sociedad se aparte de lo previsto en el Apartado C de la presente sección.

Artículo 92.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:
I. El capital contable o patrimonio.
Menos:
II. Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:
a) Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.
b) Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.
Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.
III. Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h), de la Ley.
IV. Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.
V. Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 93 de las presentes disposiciones.
VI. Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.
VII. Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 93.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.
Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:
I. Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.
II. Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.
III. Estar numerados y ser del mismo valor.
IV. Contener lo siguiente:
a) La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.
De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.
b) El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.
c) El lugar y modo de pago.
d) Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.
En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 94.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.
Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 95.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 96.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 94 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.
Apartado C
Administración de riesgos

Artículo 97.- Para efectos del presente apartado se entenderá por:
I. Administración de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentren expuestas las Sociedades.
II. Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.
III. Riesgo de liquidez, a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Sociedad; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
IV. Riesgo de mercado, a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, índices de precios, entre otros.
V. Riesgo operacional, a las posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.

Artículo 98.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de crédito, deberán como mínimo:
I. Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:
a) Límites de riesgo que la Sociedad está dispuesta a asumir.
b) En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Sociedad podrá celebrar operaciones.
c) Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 130 de las presentes disposiciones.
d) Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.
e) Límites en el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad.
f) Límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital.
II. Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:
a) Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.
b) Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida no esperada.
c) Estimar su exposición al riesgo considerando su valor a lo largo del tiempo.
d) Estimar la probabilidad de incumplimiento por parte de los deudores.
III. Por lo que hace al riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros:
a) Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito de operaciones a plazo, de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte.
b) Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual como futura.
c) Calcular la probabilidad de incumplimiento de la contraparte.
d) Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la operación.

Artículo 99.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de liquidez, deberán como mínimo:
I. Medir y vigilar el riesgo ocasionado por el descalce derivado de diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto todos los activos y pasivos de la Sociedad.
II. Evaluar la diversificación de las fuentes de fondeo a que tenga acceso la Sociedad.
III. Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimientos de liquidez.

Artículo 100.- En materia de administración de riesgos, el Consejo de Administración de cada Sociedad tendrá las responsabilidades siguientes:
I. Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos, así como los límites de exposición al riesgo.
II. Designar a la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, a propuesta del Director o Gerente General, así como vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por el citado Consejo.
III. Aprobar la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien la modificación de los ya existentes, a propuesta del Director o Gerente General, con opinión del personal responsable de la administración de riesgos y previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.
Los objetivos, políticas y procedimientos mencionados en la fracción I anterior, deberán incluirse en un manual de administración de riesgos y ser revisados cuando menos una vez al año. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 107 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.

Artículo 101.- El personal responsable de la administración de riesgos, realizará cuando menos las funciones que se indican a continuación:
I. Elaborar en conjunto con el Director o Gerente General y para aprobación del Consejo de Administración:
a) El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.
b) Los límites de exposición a los distintos tipos de riesgo.
c) Las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.
II. Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.
III. Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.
IV. Informar trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o Gerente General, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.
V. Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas.
VI. Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.
VII. Validar el cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos y el cumplimiento a los límites, con el objeto de verificar que los mismos se ajusten a las disposiciones aplicables.
VIII. De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Sociedades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.

El personal citado en el primer párrafo de este artículo, tendrá que ser independiente de las áreas de negocios a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

Artículo 102.- El manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos deberá contemplar, cuando menos, los aspectos que se indican a continuación:
I. Los objetivos sobre la exposición al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.
II. La determinación o procedimiento para calcular los límites de los riesgos.
III. El tipo de reportes que elaborarán, así como la forma y periodicidad con la que deberá informarse al Consejo de Administración, al Director o Gerente General y a las unidades de negocio, sobre la exposición al riesgo de la Sociedad.
IV. Las medidas de control interno, así como las correspondientes para corregir las desviaciones que se observen sobre los límites de exposición al riesgo.
V. El proceso para la aprobación de propuestas de nuevas operaciones y servicios, así como de estrategias o iniciativas de administración de riesgos.
VI. Los planes de acción en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza mayor.
VII. Los mecanismos de corrección en caso de que se excedan los límites de riesgo autorizados.
El manual deberá ir acompañado de los modelos y metodologías para la valuación de los riesgos aprobados por la persona responsable de la administración del riesgo de crédito.

Artículo 103.- El Director o Gerente General deberá proponer al Consejo de Administración para su aprobación, lo siguiente:
I. La designación de la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, garantizando la independencia de dicha persona respecto de las áreas de negocios.
II. El manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos así como sus modificaciones.
III. Los límites de exposición al riesgo.
IV. Las políticas, lineamientos y manuales que, en términos de la ley deban ser aprobados por el Consejo de Administración.

El Director o Gerente General será responsable de implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos diseñando programas de capacitación en esta materia para el personal involucrado en la operación o administración de riesgos de la Sociedad.

Artículo 104.- El Auditor Interno a que se refiere el Artículo 114 de las presentes disposiciones, deberá llevar a cabo, cuando menos una vez al año l, una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, los aspectos siguientes:

I. La implementación de mecanismos de administración de riesgos de conformidad con lo establecido en el presente apartado y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Sociedad.
II. La existencia de independencia del personal responsable de la administración de riesgos y las unidades de negocios.
III. La consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de las fuentes de información utilizadas en los modelos de medición de riesgos.
IV. La revisión de las modificaciones en los modelos de medición de riesgos y su correspondiente aprobación por la persona responsable de la administración de riesgos.
V. El proceso de aprobación de los modelos de medición de riesgos utilizados por el personal de las unidades de negocios y de control de operaciones.
Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, y al Director o Gerente General.
Apartado D
Control interno

Artículo 105.- Para los efectos del presente apartado, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad con el objeto de:
I. Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.
II. Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.
III. Diseñar sistemas de información eficientes y completos.
IV. Coadyuvar en la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 106.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Sociedad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:
I. Aprobar los manuales de políticas y procedimientos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, así como los manuales de administración de riesgos y de crédito, y un código de ética.
II. Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad en la que se asegure la adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades.
III. Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General de la Sociedad cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.
IV. Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año, para lo cual podrá escuchar la opinión del Consejo de Vigilancia.
V. Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado
VI. Establecer mecanismos para asegurarse que el área o, en su caso, las distintas personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las distintas unidades de negocio sobre quienes desempeñen sus labores.
Los manuales de políticas y procedimientos de la Sociedad, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.

Tratándose de la aprobación del código de ética, el Consejo de Administración podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por especialistas nombrados por el Consejo de Administración, siempre y cuando participe en dicho comité el Director o Gerente General.
El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo referido en este artículo para efectos de la aprobación de los manuales de administración de riesgos y de crédito, así como de sus modificaciones.

Artículo 107.- El Director o Gerente General de las Sociedades deberá documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas las actividades de las Sociedades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.

Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 106 de estas disposiciones, y deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad que por sus funciones requieran conocerlos.

Artículo 108.- Los manuales de operación deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:
I. La estructura organizacional y funcional de cada área de la Sociedad, así como las responsabilidades individuales asignadas.
II. Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad.
III. Las políticas generales de operación y, en caso de ser aplicable, los procedimientos operativos claramente descritos y documentados, así como mecanismos para la revisión periódica de los mismos.
IV. Los mecanismos de control en los procedimientos operativos, a fin de asegurar que todas las transacciones sean autorizadas, procesadas y registradas correctamente, incluyendo las medidas que se consideren necesarias para prevenir la comisión de ilícitos.
V. En general, programas de contingencia y seguridad, cuyo funcionamiento deberá ser sometido regularmente a pruebas de efectividad y hacerse del conocimiento del personal.
Artículo 109.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:
I. Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos.
II. Se encuentren documentados y actualizados.
III. Estén debidamente probados antes de ser implementados.
IV. Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de estos.
V. Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.

Artículo 110.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:
I. Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente conforme a los objetivos y estrategias determinadas por el Consejo de Administración.
II Elaborar reportes trimestrales para el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:
a) La situación actual de la cartera crediticia total.
b) El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.
c) El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.
d) Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.
e) Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.
III. Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna.
IV. Realizar las acciones necesarias para que:
a) Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas.
b) Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Sociedad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.
c) Los manuales de operación se hagan del conocimiento de los Consejeros, miembros del Consejo de Vigilancia así como de los funcionarios y empleados que por sus funciones requieran conocerlos.
V. Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo y el siguiente, así como los resultados obtenidos.
Asimismo, el Director o Gerente General o, en su caso, el comité de apoyo a que se refiere el Artículo 106 de estas disposiciones, deberá someter a la aprobación del Consejo de Administración, los manuales de operación señalados en el Artículo 107 de las presentes disposiciones, y la adopción de un código de ética.

Artículo 111.- Para cumplir con las responsabilidades respecto del sistema de control interno, el Director o Gerente General deberá asegurarse de que se lleven a cabo, entre otras, las acciones siguientes:
I. Identificar y evaluar los factores internos y externos que pueden afectar la consecución de las estrategias y objetivos de la Sociedad.
II. Implementar las estrategias y políticas de la Sociedad, asegurando que las actividades a todos los niveles se desarrollen en línea con los citados objetivos y estrategias.
III. Establecer los mecanismos de control y administrativos de conformidad con las leyes, y demás disposiciones aplicables, incluyendo la normatividad emitida internamente en la propia Sociedad.

Artículo 112.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado Consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y externa., fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.
El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.
Para efectos de lo anterior, el Comité de Auditoría tendrá, cuando menos las funciones y responsabilidades siguientes:
I. Proponer para aprobación del Consejo de Administración:
a) Los manuales de políticas y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la Sociedad.
b) La designación del Auditor Interno de la Sociedad.
c) La designación del auditor externo de la Sociedad, así como el alcance de su trabajo.
d) La adopción de un código de ética.
e) La determinación de las bases para la elaboración de información financiera precisa, íntegra y oportuna, que coadyuve a la adecuada toma de decisiones.
II. Supervisar y evaluar al menos una vez al año o por requerimiento de la autoridad supervisora, que las funciones de auditoría interna tanto en los aspectos contables como de control interno, se desempeñen de conformidad con estándares de calidad adecuados y de manera efectiva.
III. Vigilar las actividades de los auditores externos, quienes tendrán que informar los resultados de sus actividades directamente al Auditor Interno.
IV. Vigilar que las políticas, procedimientos y operaciones se desarrollen en concordancia con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables, incluyendo los manuales y demás lineamientos establecidos por el propio Consejo de Administración, así como proveer lo necesario para que la información financiera sea precisa, íntegra y oportuna.
V. Informar al Consejo de Administración, por lo menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Sociedad.
VI. Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre los avances de la auditoría externa.
VII. Revisar en coordinación con el Director o Gerente General al menos una vez al año o cuando existan cambios significativos en la operación de la Sociedad, los manuales a que se refiere el artículo 118 de las presentes disposiciones. En todo caso, tratándose del manual de crédito, en su revisión también deberá participar el Comité de Crédito.
El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes. Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

Artículo 113.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Sociedades deberán asegurar que se lleven a cabo las funciones de contraloría. Dichas funciones implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:
I. Establecer medidas encaminadas a asegurar el apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Sociedad.
II. Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Sociedad, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.
III. Diseñar controles para que tanto la elaboración de información financiera, como la información generada y proporcionada al Comité de Supervisión Auxiliar y a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la Dirección o Gerencia General de la Sociedad, podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a personal distribuido en varias áreas. El personal que realice tales funciones incluso podrá ser independiente jerárquicamente de la Dirección o Gerencia General; sin que en ningún caso las referidas funciones de contraloría puedan atribuirse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.
Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia el presente artículo, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, así como al Director o Gerente General.

Artículo 114.- El Auditor Interno deberá verificar, entre otros aspectos, el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, para lo cual, deberá evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de control interno establecidos por el Consejo de Administración.
Asimismo, para cumplir con los objetivos señalados en el párrafo anterior, el Auditor Interno tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:
I. Evaluar el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Sociedad, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos.
II. Revisar que todos los sistemas informáticos cumplan con los objetivos para los cuales fueron diseñados.
III. Vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
IV. Vigilar las actividades de los auditores externos.
Los resultados de sus revisiones y evaluaciones deberán reportarse al Director o Gerente General, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría cuando menos trimestralmente, y deberán dar seguimiento a las deficiencias detectadas para que sean corregidas oportunamente.

Artículo 115.- Las Sociedades deberán implementar un código de ética, aprobado por el Consejo de Administración o, en su caso, por el comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 106 de estas disposiciones, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados, en su interacción con los Socios y al interior de la propia Sociedad. El código de ética debe contemplar, como mínimo, los aspectos siguientes:
I. Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes.
II. Respetar la confidencialidad de los Socios, de las operaciones de la Sociedad y, en general, de la información institucional.

El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto en el Artículo 106 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Artículo 116.- En la elaboración del informe a que se refiere la fracción V del artículo 112, el Comité de Auditoría de las Sociedades deberá efectuar las pruebas que considere necesarias. El informe respectivo deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
I. Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de control interno que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto los informes de los responsables de las funciones de contraloría interna.
II. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión, así como de la evaluación del sistema de control interno realizada por el propio Comité de Auditoría.
III. La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna.
IV. Los aspectos significativos del sistema de control interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Sociedad.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Apartado E
Proceso crediticio

Artículo 117.- Para efectos del presente apartado, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Sociedades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.

Sub Apartado A
Lineamientos mínimos del manual de crédito

Artículo 118.- Las Sociedades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 106 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones. El manual deberá contener las estrategias, políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:
I. Promoción y otorgamiento de crédito.
a) Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:
1. Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.
2. La evaluación deberá considerar cuando menos:
i) En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.
ii) La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.
iii) La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.
iv) En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.
3. El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.
4. En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado.
5. Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.
6. Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.
b) Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:
1. El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.
2. Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.
3. El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.
4. El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.
Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.
c) El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.
II. Control de políticas y procedimientos crediticios.
a) Las Sociedades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través de un área independiente de las involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:
1. Que la actividad crediticia se esté desarrollando conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito.
2. Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones, y los antecedentes del Socio.
3. Que los funcionarios y empleados de la Sociedad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.
b) El área de contraloría de crédito deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Comité de Auditoría y Consejo de Vigilancia sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y con mayor frecuencia a la Dirección o Gerencia General, y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.
III. Evaluación y seguimiento.

Las Sociedades deberán establecer una metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:
a) Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.
b) La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.
c) Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

Las evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.
IV. Recuperación de cartera crediticia.

Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito.

Las funciones de recuperación de cartera crediticia vencida y en proceso de cobranza judicial, deberán ser desempeñadas por un área independiente de las áreas de negocios.
V. Sistemas automatizados.

Las Sociedades deberán contar con sistemas automatizados de información de crédito, los cuales como mínimo deberán:
a) Permitir la debida interrelación e intercambio de información entre las distintas áreas que participan en el proceso crediticio.
b) Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad.
c) Mantener controles adecuados que procuren su seguridad tanto física como lógica, así como medidas concretas para la recuperación de la información en casos de contingencia.
d) Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito, por parte del Consejo de Administración, la Dirección o Gerencia General.
VI. Integración de expedientes de crédito.

Las Sociedades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 130 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

Las Sociedades deberán designar personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

Asimismo, instrumentarán un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito.

La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito será, cuando menos, la siguiente:
a) Identificación del solicitante.
1. Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente; y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos o títulos de crédito.
2. En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior, copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.
b) Otorgamiento y seguimiento.
1. Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.
2. Estudios de crédito y, en su caso, tratándose de créditos de la cartera comercial, estudios de viabilidad económica.
3. Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.
4. Cédula de calificación vigente, en su caso, así como toda la información utilizada para elaborar la calificación, tales como:
i) Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal, con una antigüedad no mayor a 180 días.
ii) Flujo de efectivo.
5. Documento que soporte el análisis llevado a cabo sobre la capacidad de pago del deudor y, en su caso, del aval u obligado solidario.
6. Documentación que acredite su capacidad de pago.
7. La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.
8. En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.
c) Comprobante de domicilio.
d) Garantías.

Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:
i) Avalúos de los bienes que garanticen el adeudo.
Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.
ii) Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Sociedad.
iii) Certificado de libertad de gravamen y verificación de inscripción de las garantías ante el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.
iv) Reportes de la Sociedad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.
e) Reestructuración.
En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:
1. Análisis o estudios de viabilidad de la reestructura.
2. Las condiciones y la autorización de reestructura o convenio judicial.
3. Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.
f) Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Adicionalmente a la documentación que en esta fracción se especifica, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.
Sub Apartado B
Generalidades del manual de crédito

Artículo 119.- Las Sociedades, además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del

Artículo 118 de las presentes disposiciones, deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, procurando en todo momento la independencia en sus actividades para evitar conflictos de interés, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:
I. El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación.
II. La promoción, otorgamiento de crédito y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 118 de estas disposiciones.
III. El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 118 de las presentes disposiciones.
IV. La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Sociedad, de conformidad con la fracción III del

Artículo 118 de estas disposiciones.

Artículo 120.- El manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Comité de Crédito o su equivalente, en conjunto con el Director o Gerente General y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la autorización del Consejo de Administración, el cual podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 107 de las presentes disposiciones.

Artículo 121.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.

Artículo 122.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:
I. Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.
II. Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.
III. Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 130, fracción I de las presentes disposiciones.
IV. Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 123 de estas disposiciones.
V. Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 123.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:
I. Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.
II. Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.
II. Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el

Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 118 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 2, 5 y 6 del inciso b) de la fracción VI del citado

Artículo 118.
Sub Apartado C
Otras disposiciones

Artículo 124.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Artículo 125.- La Comisión podrá ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias.
Apartado F
Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 126.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Las Sociedades que otorguen Microcrédito Productivo, deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Artículo 127.- La Comisión podrá ordenar la constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:
I. Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.
II. Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones…

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